El
Ministerio asegura que no dará marcha atrás en la privatización del Registro
Civil
Según el Ministerio, la decisión sobre la
desjudicialización ya está tomada y estaba ya en la Ley de 2011. Ahora queda
negociar con los sindicatos que la situación en que quedará el personal
afectado durante y después del periodo de traspaso del servicio a los
Registradores mercantiles, sean las “mejores posibles.”
STAJ reprocha la falta de transparencia del Ministerio y
aboga por la continuidad del Registro Civil en la Administración de Justicia.
En la reunión informativa que sobre Registro Civil se celebró
ayer día 15 de julio en el Ministerio con STAJ y el resto de sindicatos
representativos del sector, el Subsecretario de Estado de Justicia, Juan Bravo,
explicó a las organizaciones sindicales los motivos que han llevado al gobierno
a encomendar la gestión y llevanza del Registro Civil a los Registradores
mercantiles, en lugar de a otros funcionarios (no de Justicia) como estaba
previsto en la Ley de 2011 y cuya entrada en vigor ha sido prorrogada un año
más (que se añade a los tres de “vacatio legis” que ya ha tenido). En síntesis,
las explicaciones del Ministerio son las siguientes:
Nuevo modelo de Registro Civil en la Ley de 2011.-
El nuevo modelo de Registro Civil diseñado en la Ley de 2011
(aprobada por el PSOE con los votos favorables del PP) se fundamenta en un
Registro Civil de personas, y no de actos como el actual. Para ello es
necesaria una potente plataforma informática, única para todo el territorio
nacional, que debería haberse puesto en marcha en los tres años de vacatio
legis. Como consecuencia de las dificultades económicas, esa plataforma no se
ha creado aún, y el Estado y las Comunidades Autónomas no están en condiciones,
según el Ministerio, de asumir su coste, y además continuar sufragando el coste
del servicio, por mucho que vaya a reducirse a partir de ahora gracias a ese
nuevo modelo de Registro Civil.
Gratuidad del Registro Civil.-
Los Registros Mercantiles, que a diferencia de los Registros de
la Propiedad no han sufrido efectos negativos por la crisis (se siguen
realizando infinidad de actos inscribibles en aquél Registro), sí están en
condiciones de asumir el coste tanto de la implantación de la plataforma
tecnológica, (mediante la creación de una corporación de derecho público que
englobaría a todos los registradores mercantiles), y de soportar los gastos que
conllevará la llevanza del Registro Civil. Y ello, en primer lugar, porque
según el Ministerio tienen margen suficiente para afrontar ese coste sin
necesidad de subir los aranceles actuales. De ahí que puedan asumir también que
el Registro Civil sea gratuito en todos sus actos, incluso el posible incremento
de personal que pudiera necesitarse para la nueva función que se les
encomienda. Dice el Ministerio que esta gratuidad está garantizada expresamente
en el texto modificado, mientras que el original de la Ley de 2011 no
garantizaba esta gratuidad, pues nada se decía al respecto.
Garantía de protección legalidad y protección de datos.-
El Ministerio insiste en que los Registradores Mercantiles son
funcionarios públicos, sometidos a la ley y a las órdenes e instrucciones del
Ministerio de Justicia y la Dirección General de los Registros y del
Notariado, de quien dependen jerárquicamente. La garantía de legalidad y de
protección de datos está asegurada según el Ministerio, y ello aunque los
trabajadores de los Registros mercantiles no sean funcionarios, ya que están
obligados como todo el mundo a cumplir la ley, incluida, por supuesto, la Ley
de Protección de Datos.
Habrá oficinas de Registro Civil en todas las provincias.-
Frente a las previsiones iniciales de la Ley de 2011, la
modificación que ha aprobado el gobierno permitirá que exista una oficina de
Registro Civil en todas las capitales de provincia, frente a una por Comunidad
Autónoma (y otra más por cada 500.000 habitantes), que es lo que preveía el
texto original de la Ley de 2011. En este sentido, dice, el texto se ha
mejorado para acercarse más a la ciudadanía.
Las Notarías y las “Oficinas Judiciales de Paz” asumirán
funciones auxiliares en materia de Registro Civil.-
El nuevo Registro Civil será fundamentalmente electrónico, por
lo que apenas requerirá la presencia física de los ciudadanos ante sus
dependencias. Cuando no sea posible la solicitud o iniciación de esos trámites
por vía electrónica, los ciudadanos podrán acudir a las oficinas del Registro
Civil de las capitales de provincia, y en el resto de ciudades y pueblos,
podrán hacerlos ante las notarías. Allí donde no haya notaría, esos trámites
podrán solicitarse o iniciarse ante las Oficinas Judiciales de Paz que
sustituirán a los actuales Juzgados y Agrupaciones de Paz.
El Ministerio garantiza, para su ámbito, todos los puestos
de trabajo sin excepción.-
El Ministerio insiste en que en su ámbito de competencias no va
a desaparecer ni un sólo puesto de trabajo. En cuanto a los funcionarios de
carrera, por que no puede ser de otra manera (y esto vale incluso para los
territorios transferidos), garantizando además que la reordenación se hará a
otros puestos de la misma localidad; y en cuanto a los interinos, porque ese es
su compromiso, y se arbitrarán los mecanismos para que el número total de funcionarios,
incluidos los interinos, sea el mismo una vez se produzca el traspaso. El
Ministerio considera que los funcionarios de Justicia hacen mucha falta en las
labores derivadas estrictamente de la función jurisdiccional de la
Administración de Justicia, por eso todo el capital humano se empleará en esas
labores. Respecto a las CCAA con competencias, alguna también se ha
comprometido a mantener todos los puestos de trabajo.
Con el texto original de la Ley de 2011 no se garantizaba ni un
sólo puesto de trabajo. Los pocos funcionarios que pudieran ocupar los puestos
de Registro Civil en las RPTs que se aprobasen por las CCAA, no absorberían ni
mucho menos a todo el personal excedente en Justicia, por lo que esos puestos
se perdían en la Administración de Justicia, lo que equivale a que los
interinos serían cesados, y los titulares reordenados a vacantes disponibles,
desplazando y cesando, a su vez, a los interinos que los ocupasen.
Además, y respecto a la petición sindical de que el Registro
permanezca servido por Secretarios judiciales y resto de personal de la
Administración de Justicia como un servicio más de ésta, el Ministerio
considera que la Ley de 2011 supone la desjudicialización plena, en sentido
amplio, y además afirma que eso no aseguraría ni mucho menos los puestos de
trabajo, porque la nueva plataforma tecnológica supondrá que la inmensa mayoría
de las inscripciones de nacimiento y defunción se promoverán directamente por
los hospitales, de forma telemática, las certificaciones no será necesario
obtenerlas salvo para cuestiones meramente privadas, ya que las
Administraciones tendrán acceso electrónico al Registro Civil, y las
comparecencias presenciales en los expedientes de nacionalidad se reducirán a
la mitad, sólo para el trámite de juramento. Por ello, será necesario muchísimo
menos personal.
Periodo transitorio y negociación de la situación en que
quedará el personal.-
En cuanto a las condiciones del periodo transitorio (dos años
durante los cuales convivirán el modelo actual de Registro civil y el nuevo
modelo, una vez se instaure la plataforma tecnológica), y la situación en que
quedará el personal tras el cierre de las oficinas actuales, también van a
negociarse con las organizaciones sindicales, bajo el principio de lograr que
se haga con las mejores condiciones, con salvaguarda de todos los derechos de
los funcionarios.
STAJ, ha reprochado al gobierno su absoluta falta
de transparencia y
su falta de respeto hacia los trabajadores, por no haber ni siquiera hablado
con los sindicatos sobre sus intenciones respecto al Registro Civil, de las que
nos hemos enterado siempre a través de terceras personas.
No creemos que el servicio vaya a ser gratuito, de alguna forma los Registradores
exigirán, tarde o temprano, una contraprestación para financiar su coste, y lo
harán vía aranceles o vía presupuestos, subvenciones, o como sea, con lo que
seguirá siendo una “carga para los presupuestos”.
Aunque los Registradores sean funcionarios, su personal no lo
es, y diga lo que diga el Ministerio, sólo los funcionarios somos los garantes del
cumplimiento de la legalidad y
nuestra intervención está siempre sometida a los principios de imparcialidad y
confidencialidad.
En STAJ no
nos creemos que se vayan a garantizar todos los puestos de trabajo,
seguro que, a corto o medio plazo, irán eliminando refuerzos, para poder
absorber todos los excedentes del Registro Civil. Y además, el Ministerio debe
buscar el mecanismo para que la garantía de los puestos obligue también a las
CCAA con competencias.
Por último, STAJ siempre se opuso a la Ley de 2011,
pues abogamos por el
mantenimiento del Registro Civil como un servicio de la Administración de
Justicia, y continuará
luchando por ello, para intentar parar por otras vías esta privatización, así
como intensificando las movilizaciones, sin descartar LA CONVOCATORIA DE HUELGA.
El Ministerio no tiene asegurada la “paz social”, ni mucho menos.