Los retos
que tendrá que afrontar el nuevo ministro de Justicia
(LA
LEY 213852/2014)
Diario de
Noticias, 24 de Septiembre de 2014, Editorial LA LEY
La
salida de Gallardón hace que toda una serie de proyectos queden en el aire, a
la espera de que Rafael Catalá, nuevo responsable de Justicia, los retome o,
por el contrario, sean olvidados para siempre.
Almudena
Vigil.- La salida del ministro de
Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, deja en el tintero los proyectos más
ambiciosos de su legislatura. Muchas de las reformas anunciadas a su llegada y
con las que, según aseguraba, pretendía dar un vuelco a la Justicia,
definitivamente ya no verán la luz, y otras quedarán a la espera de lo que
decida el nuevo responsable del ministerio, Rafael Catalá.
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La reforma de la Ley
Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985) es uno de los grandes
proyectos legislativos que el hasta ayer ministro de Justicia deja en el aire
con su partida. Se trataba de una reforma global de calado que incluía una
nueva reorganización judicial desde sus cimientos. A través de esta ley, se
introducían cuestiones como la jurisprudencia vinculante del Tribunal Supremo,
la nueva regulación de los aforados o se declaraba hábil el mes de agosto. De
la mano de esta reforma iba la Ley de Demarcación y Planta, que ya había sido
guardada en el cajón, y que serviría para poner en marcha el nuevo modelo
judicial con los tribunales de instancia y la desaparición de las audiencias
provinciales.
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Otro gran proyecto que queda aparcado es el nuevo Código Procesal Penal,
que cedía la instrucción de las causas al fiscal, bajo la vigilancia de un juez
de garantías imparcial, no implicado en la investigación.
Precisamente , a este texto hizo mención el fiscal general del
Estado, Eduardo Torres-Dulce, hace un par de semanas en la Apertura del Año
Judicial, lamentando que el proyecto se hubiera paralizado. El texto de esta
reforma también contemplaba excluir del ejercicio de la acción popular a los
partidos políticos, a los sindicatos y a las personas jurídicas públicas o
privadas, exceptuando a los colectivos de víctimas en casos de terrorismo.
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La legislatura de Gallardón también parecía que iba a ser la definitiva para
sacar el nuevo Código Mercantil adelante, un proyecto que lleva ya años
pendiente en el ministerio y que por fin parecía haber recibido el impulso
definitivo. Pasó el primer visto bueno del Consejo de Ministros y, actualmente,
se encuentra en fase de informe en el Consejo de Estado. El objetivo de este
texto es, entre otras muchas cosas, organizar y reagrupar la legislación
existente en materia mercantil, añadiendo cuestiones que estaban carentes de
regulación. Esta ley plantea, además, garantizar la unidad de mercado para
aumentar la seguridad jurídica.
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La Ley de Jurisdicción Voluntaria, que recibió el visto bueno del
Consejo de Ministros en agosto, tampoco ha llegado a aprobarse. Descarga de
asuntos a la Administración de Justicia entregando toda una serie de
competencias a otros colectivos del ámbito jurídico, como notarios o
registradores.
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La Ley de Justicia Gratuita, una de las normas más polémicas del
ministro Ruiz-Gallardón, lleva meses en tramitación y está pendiente de ser
aprobada en el Congreso. En ella se amplían los colectivos beneficiados y se
elevan los umbrales de renta para acogerse a este derecho, pero también se
introducen controles para evitar abusos. Por ejemplo, se establece la
presunción de abuso cuando la persona solicite tres veces al año este derecho.
La abogacía se ha opuesto a esta reforma por considerar que empeora el texto
anterior y “pone en riesgo” el buen funcionamiento del modelo actual con el
servicio que prestan los 42.500 abogados de oficio.
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La Ley de Servicios y Colegios Profesionales es una de las cuestiones
más peliagudas que quedan sobre la mesa y a las que deberá enfrentarse el nuevo
ministro. Aunque el proyecto depende del Ministerio de Economía, Justicia juega
un papel clave en la defensa de los intereses de las profesiones jurídicas
afectadas, en cuestiones como la colegiación obligatoria o la incompatibilidad
entre abogados y procuradores. El texto pasó su primer visto bueno del Consejo
de Ministros en agosto de 2013.
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Los procuradores, además, tendrán que esperar a ver en qué queda la reforma de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, que pasó su primer visto bueno en el
Consejo de Ministros en mayo de 2013 y desde entonces no ha habido novedad.
Este texto preveía entregar nuevas competencias en materia de embargos y
ejecuciones a los procuradores, algo crucial para este colectivo si finalmente
se ve afectado por la Ley de Servicios y Colegios Profesionales.
Las
medidas legislativas más polémicas
LEY
DE TASAS JUDICIALES
El
21 de noviembre de 2012 se publicó en el BOE la Ley
de Tasas Judiciales (LA LEY 19404/2012), que obliga al pago de un canon
tanto a personas físicas como jurídicas para poder acceder al sistema de
Justicia. Sólo quedan excluidos quienes tengan derecho a la asistencia gratuita
y los procesos en el orden penal. Desde su aprobación, ha sido recurrida en los
tribunales.
NOMBRAMIENTO
DE VOCALES DEL CGPJ
REFORMA
DEL CÓDIGO PENAL
Aunque
todavía no ha entrado en vigor, se encuentra en las últimas fases de
tramitación. Introduce la prisión permanente revisable para casos especialmente
graves. Entre las novedades, incluye la responsabilidad penal de las sociedades
mercantiles por las acciones delictivas que puedan cometer las personas físicas
sometidas a su autoridad.
LEY
ORGÁNICA SOBRE LA
JUSTICIA UNIVERSAL
Especialmente
polémica fue también la reforma sobre la aplicación de la Justicia Universal ,
que si bien ampliaba el catálogo de delitos susceptibles de persecución, limitó
las investigaciones a delitos de genocidio o lesa humanidad cuando la causa se
dirija contra ciudadanos españoles o extranjeros que habitualmente residan en
España.
PRIVATIZACIÓN
DEL REGISTRO CIVIL
Durante
meses, la tensión entre el Colegio de Registradores y el Ministerio de Justicia
alcanzó máximos por cómo iba a articularse la entrega de la gestión del
Registro Civil. Finalmente, y sin llegar a un acuerdo, Ruiz-Gallardón anunció
que asumirían estas nuevas funciones los registradores mercantiles. La decisión
desató la indignación y las protestas del colectivo.
REGLAMENTO
DEL EXAMEN DE ACCESO
Otra
medida que ha sido muy criticada, no tanto por su contenido, sino por cómo se
han gestionado los tiempos ha sido la aprobación del reglamento sobre el examen
de acceso a la profesión de abogado y procurador, que tras años de retraso se
aprobó con poca antelación. Los centros educativos se quejaron de falta de
tiempo para preparar la prueba.
