PRENSA: La privatización del Registro
Civil, un ‘pelotazo’ de 5 millones sin aclarar
Publicado en cuarto
poder:
La
decisión del Gobierno de privatizar
el Registro Civil ha añadido otra página poco ejemplar a la reciente
historia de las corruptelas y el tráfico de influencias. El diputado de
Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, ha instado al Ejecutivo a que
investigue “las turbias relaciones económicas de la Dirección General
del Registro y del Notariado con la empresa Futuver ”, beneficiaria del negocio, pero
su petición podría tocar de cerca a
Enrique Rajoy, hermano del presidente, y no
ha surtido efecto. El Ejecutivo se ha abstenido de aclarar las presuntas
irregularidades con características de latrocinio y de aplicar sanciones.
Mientras, la privatización del Registro sigue su curso
entre las protestas de los funcionarios y de los colegios profesionales de
Registradores y Secretarios Judiciales.
La
operación ideada por el ministro Alberto Ruíz-Gallardón Jiménez y
continuada por su sucesor Rafael Catalá Polo de entregar al Colegio de
Registradores de la Propiedad la gestión de los expedientes de nacionalidad con
la excusa de resolver el colapso –la dilación no ha bajado de dos años- supuso
la aplicación del software
informático que los registradores debían utilizar y que costó al Colegio la
apreciable suma de 5,15 millones de euros. La primera sorpresa fue que el jefe
del Proyecto de Gestión de Expedientes de Nacionalidad y director del equipo
nombrado por Gallardón en enero de 2012, el registrador Javier Angulo
Rodríguez, era a su vez el administrador de la sociedad de matriz rumana
Futuver Consulting que diseñó y vendió el software.
De
este modo, Angulo, con el visto bueno de sus superiores en el Ministerio de
Justicia, impuso a los registradores la contratación del software de su propia empresa privada.
Pero el negocio dividió a la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores, en
principio controlada por personas afines al ministro Gallardón. La extrañeza de
gran parte del millar de colegiados era lógica si se tiene en cuenta que el
Colegio dispone de un buen servicio informático, con cerca de 300 profesionales
que desarrollan la mayor parte de los software
que utilizan los registradores.
La
sorpresa fue en aumento cuando una auditoría del Colegio reveló que la
contratación de Futuver se realizó “por encima de los precios de mercado”.
Otra auditoría externa realizada por la consultora Hitachi
puso de relieve que Justicia “decidió unilateralmente que el software de
gestión de los expedientes de nacionalidad fuese adjudicado directamente y sin
concurrencia a la
empresa Futuver , sin que se compararan otras posibilidades”
y subrayó que el coste “o bien queda claramente por encima de los precios de
mercado o bien parece totalmente fuera de cualquier regla habitual de mercado”.
La conclusión fue que “el sistema informático de gestión de los expedientes
de nacionalidad podía haber costado entre 300.000 y 400.000 euros”, es
decir, doce veces menos de lo que se pagó.
Llamazares
pidió aclaraciones sobre estos hechos y reclamó la exigencia de
responsabilidades políticas y penales, si las hubiere. El Gobierno le ha
contestado diciendo lacónicamente que no hay nada que investigar. El director
general de Registros y del Notariado, Joaquín Rodríguez, responsable
directo de la operación desarrollada por Angulo Rodríguez, conocía
perfectamente el procedimiento porque él mismo había dirigido el servicio en el
pasado.
Una
vez realizado el cometido encomendado, Angulo Rodríguez volvió a su tarea de
registrador como si nada hubiera ocurrido. “Fue el negocio redondo para unos
pocos –comenta Llamazares-, pero fue un negocio que provocó un agujero
económico importante en el Colegio de Registradores, y una fuerte división en
un colectivo que aglutina a poco más de 1.000 profesionales con carácter de
funcionarios, aunque de un tipo particular: acceden por oposición y dependen
del Gobierno, pero no cobran un sueldo público sino aranceles a sus clientes,
contratando a sus propias plantillas”.
En
concreto, Angulo Rodríguez, que antes del “gran pelotazo tecnológico”
era titular del registro número dos de Estepona (Málaga), está destinado en el
registro de Lleida desde febrero pasado y sigue ligado a empresas privadas,
ahora como administrador de la Consultoría de Análisis e Inversiones para
Rumania. Su superior en el Ministerio de Justicia, Joaquín Rodríguez, es
titular del Registro Mercantil de Zaragoza en situación de servicios especiales
con reserva de plaza –la misma situación en la que está el Presidente del
Gobierno con el Registro de Santa Pola-. Según la información que Llamazares ha
transmitido al Gobierno, este registro emite las facturas para una comunidad de
bienes, aunque sólo cuenta con un registrador en activo –el consuegro de
Rodríguez-, y, por tanto, “no puede haber comunidad de uno solo”,
explica Llamazares, que aporta otro dato decisivo para investigar la existencia
de un eventual conflicto de intereses del alto cargo: en la cuenta corriente
que indican para hacer el ingreso aparece Joaquín Rodríguez como cotitular.
La
cuestión de fondo que el diputado de IU trata de desentrañar radica en el
desparpajo con el que actuaban unas personas de ley para enriquecerse a costa
de un servicio público del Estado, hasta ahora gratuito para los ciudadanos
como es el Registro Civil. ¿Quién está detrás de la sociedad Futuver ?
Se sabe que el registrador Enrique Rajoy Brey realizó gestiones
internacionales relacionadas con esa sociedad. Sin embargo, el Gobierno, en una
lacónica respuesta enviada a Llamazares días atrás, niega que el hermano del
presidente haya tenido relación con esa empresa. Tampoco el director general
Rodríguez habría tenido, según el Gobierno, relación alguna con Futuver a pesar
de que fuentes de los registradores le atribuyen una opción de compra de
participaciones.
Consciente
del sobrecoste para los registradores, Rodríguez dictó una instrucción en la
que fijaba desde octubre de 2012 el domicilio de los expedientes de
nacionalidad en el edificio de Icree, la sociedad inversionista de los
registradores, en calle Alcalá 540 de Madrid. En esta dirección tiene su sede
social Futuver. Aunque el Gobierno no ha aclarado la cuantía de la compensación
a los registradores a través del alquiler, Justicia dedica 2,5 millones de
euros anuales a alquileres, con independencia de los 27 millones que destina
cada año a pagar dependencias judiciales.
La
privatización del Registro Civil se completará definitivamente el 15 de junio
de 2015 con el traspaso de los trámites que hasta ahora realizaban los
funcionarios del Ministerio de Justicia al Registro Mercantil. El Gobierno
incluyó esa decisión, que seguirá favoreciendo económicamente a Futuver, en la
“ley ómnibus” de medidas de apoyo a la economía que aprobó antes del
verano y en la que incluyó la privatización de Aeropuertos Nacionales (AENA) y
modificó 32 leyes. La protesta de los empleados públicos de los registros
civiles no se ha hecho esperar. Pero en esta ocasión, los sindicatos no están
solos en la defensa de los 3.500 puestos de trabajo amenazados de
extintición.