STAJ presenta
solicitud de enmiendas a la LPGE para ampliar la OPE de Justicia en 2015
STAJ se ha dirigido a los grupos
parlamentarios y partidos políticos con representación en el Senado
solicitándoles la presentación de enmiendas al articulado del Proyecto de Ley
de Presupuestos Generales del Estado para 2015, con el objeto de ampliar al
cien por cien la tasa de reposición en el ámbito de la Administración de
Justicia.
La reducida tasa de reposición prevista en el Proyecto, de sólo
el 50% y referido sólo a 2014, impide una Oferta de Empleo Público suficiente
en Justicia. Ello, hoy por hoy, coarta
las posibilidades de promoción interna a
los funcionarios de carrera (mientras la LOPJ no se modifique para permitir una
promoción independiente de la OPE) . Del mismo modo, esa reducida tasa de
reposición agravará el problema del elevado índice de interinidad en la
Administración de Justicia, y
coarta también que los funcionarios interinos tengan la oportunidad de
presentarse a las oposiciones para
poder convertirse en funcionarios de carrera, como es el deseo de todos ellos.
Por otra parte, existe infinidad de plazas sin cubrir en algunas
CCAA, ni siquiera por personal interino, y otras muchas cuya cobertura se
retrasa o se ralentiza por las propias Comunidades Autónomas, para ahorrarse
dinero.
La situación generalizada de sobrecarga de asuntos en los
juzgados y tribunales de toda España está alcanzando cotas inadmisibles. Los
Juzgados mercantiles, de lo penal, sociales, de primera instancia, están
literalmente colapsados. A ello se unen los cada vez más y más complejos
procesos judiciales por casos de corrupción que inundan los Juzgados y tribunales
encargados de su instrucción y enjuiciamiento.
Todos los anteriores elementos hacen necesaria y urgente la
cobertura de las plazas vacantes existentes y la ampliación de las plantillas
orgánicas, incrementando la de los órganos actuales, en unos casos, y creando
nuevos órganos judiciales, en otros.
Por ello es preciso adoptar medidas de manera urgente, y la
primera de ellas es no poner límites a la Oferta de Empleo Público en la
Administración de Justicia, por lo que es necesario que la Ley de Presupuestos
Generales del Estado no establezca esos límites.