STAJ vuelve a exigir al
Ministro de Justicia la paralización de la privatización del Registro Civil.
Reunión de STAJ con el Ministro de Justicia
Este martes día
14 de abril STAJ ha mantenido una nueva reunión con el
Ministro de Justicia Rafael Catalá, en la ronda de reuniones que viene
manteniendo el ministro con los diferentes colectivos relacionados con la
Administración de Justicia.
La reunión, que
tenía por objeto el intercambio de impresiones en torno a las reformas
legislativas que está impulsando el Ministerio y que afectan a la
Administración de Justicia, se centró fundamentalmente en el proyecto de
traspaso del Registro Civil a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles,
y en algunos aspectos del proyecto de LOPJ que está ya en trámite
parlamentario.
REGISTRO
CIVIL.-
STAJ ha reiterado su firme oposición a la
privatización del Registro Civil, y hemos vuelto a abogar por su mantenimiento
como un servicio público, gratuito y dentro de la Administración de Justicia,
como mejor garantía para los ciudadanos, y ha puesto de manifiesto que en
cualquier caso el proyecto de traspaso a los Registros de la Propiedad y
Mercantiles difícilmente podrá llevarse a efecto en la fecha del 15 de julio.
En este
sentido, el Ministro nos informa que
la implantación del nuevo sistema a partir de esa fecha “no es un dogma” y que
en cualquier caso es muy probable que no será uniforme, pues dependerá del
diferente estado del desarrollo de las plataformas informáticas y demás
infraestructuras necesarias según los ámbitos. Se establecerá un régimen
transitorio que aclarará todas estas cuestiones. De momento los Registros,
dice, deben seguir trabajando con total normalidad.
El Ministro
insiste en que no se trata de una privatización porque seguirá siendo un
Registro Civil de titularidad pública y por ser los Registradores funcionarios
públicos, y que cumple lo previsto en la Ley de 2011, aprobada por unanimidad
de todos los Grupos parlamentarios en su momento, pues el hecho de que sean los
Registradores de la Propiedad los Encargados del Registro era una de las
posibilidades que se abrían con esa ley. STAJ le recordó que ya mostramos nuestra
disconformidad con esa Ley.
El Ministro
insiste también en que los trámites propios del Registro Civil seguirán siendo
gratuitos, si bien reconoce que existen otros trámites “nuevos” por los que los
Registradores cobrarán arancel, por ser necesario para financiar sus oficinas,
como es el caso del nuevo procedimiento para la nacionalización de los
sefardíes, que tendrá coste para los interesados. Ello confirma lo que STAJ viene denunciando, pues los
Registradores tienen que financiar el coste de sus oficinas, de personal e
infraestructuras, y si no lo hacen mediante el cobro de aranceles directos por
los actos del Registro Civil, tendrán que hacerlo por otros que hasta ahora no
tenían coste o elevando el de los actuales, o inventando trámites nuevos que
habrán de tener reflejo en el Registro de la Propiedad o Mercantil.
Se retoma
nuevamente la decisión de que sean los Registros de la Propiedad y no sólo los
mercantiles los que asuman el Registro Civil, para así no estar las oficinas
únicamente en las capitales de provincia que es donde habitualmente tienen su
sede los Registros mercantiles. Los Juzgados de Paz mantendrán competencias en
materia fundamentalmente de recepción de solicitudes y entrega de
documentación.
Situación
del personal tras la desjudicialización.- Por lo que respecta a la
situación en que quedará el personal destinado o adscrito a los Registros
Civiles, el Ministro insiste en su compromiso de que no se perderán plazas. STAJ no va a abandonar la lucha contra la
privatización del Registro Civil, pero en cualquier caso hemos exigido que
cualquiera que sea el modelo de desjudicialización, el número de plazas
actuales de plantilla orgánica debe permanecer inalterado, de modo que deben crearse tantas
plazas en otros órganos judiciales como las que desaparezcan de los Registros
Civiles como consecuencia de la desjudicialización. En
la reunión de la mesa sectorial que tendrá lugar este jueves día 16 de abril se
nos informará de los detalles del régimen transitorio y de los diferentes
procesos de reordenación de efectivos que serán necesarios en la mayoría de los
casos. STAJ exige una urgente respuesta a todas
las dudas que se están suscitando en torno a esta cuestión, máxime teniendo en
cuenta la proximidad de un concurso de traslado que condicionará la
participación de muchos funcionarios afectados.
REFORMA
LOPJ.-
STAJ ha advertido al Ministro que no va a
tolerar ningún incumplimiento del preacuerdo suscrito en el mes de julio, por
el que se mejoraban sustancialmente muchos aspectos del nefasto Anteproyecto de
LOPJ aprobado durante la etapa de Gallardón.
Por tanto,
hemos exigido que en el nuevo texto se introduzcan las modificaciones que sean
precisas en orden a mantener un auténtico derecho a la promoción profesional,
de forma que sea posible la existencia de procesos de promoción interna
independientes de las ofertas públicas de empleo o cuando estas sean reducidas.
Y esto debe aplicarse a todos los Cuerpos, incluido el de Letrados de la
Administración de Justicia (actuales secretarios judiciales). En este sentido STAJ ha reprochado al Ministro que su
departamento ha actuado con absoluta mala fe, pues con la redacción que se ha
dado al nuevo proyecto en esta concreta materia se incumple flagrantemente la
letra y el espíritu del preacuerdo, haciendo la promoción al cuerpo de Letrados
(secretarios judiciales) muchísimo más gravosa que la que se establece para el
resto de Cuerpos. El Ministerio, en lugar de aprovechar el capital humano y la
experiencia de quienes ya trabajamos en la Administración de Justicia, se
dedica a poner zancadillas a las aspiraciones de promoción profesional de los
funcionarios. Esto es algo que STAJ no va a tolerar de ningún modo.
En relación con
el resto de puntos del preacuerdo que tienen cabida en la nueva LOPJ (centros de
destino referidos al municipio y no a la provincia, mantenimiento de los
partidos judiciales y los juzgados de paz, prohibición de movilidad ordinaria
forzosa, etc.), STAJ ha advertido que no tolerará que se
altere lo pactado en el mes de julio, recordando al Ministro el compromiso que
adquirió de respeto absoluto al preacuerdo e incluso abriendo la posibilidad de
negociar otras mejoras en nuestro estatuto jurídico.
Otras
cuestiones.-
Postulación
funcionarios.- STAJ ha vuelto a recordar el compromiso del
Ministerio en el sentido de modificar la Ley de la Jurisdicción contencioso
administrativa para volver a permitir que los funcionarios públicos comparezca
en juicio por sí mismos sin necesidad de abogado y procurador para la defensa
de sus derechos estatutarios.
Devolución
paga extra.- Hemos
vuelto a exigir la devolución completa de la paga extra. Los tribunales nos
están dando la razón, y el Ministerio debe evitar el colapso que está generando
como consecuencia de las extensiones de sentencia.
Cotizaciones
Seguridad Social antiguas de personal interino.- Hemos recordado directamente al
Ministro los casos de ausencia de cotizaciones e determinados periodos, en lo
que están trabajando conjuntamente con la Seguridad Social
para solucionar los problemas. En este sentido hemos pedido un documento
escrito por parte del Ministerio en el que quede constancia de los errores
existentes y el compromiso de solucionarlo.
Juzgados de
Paz.- El Ministerio
confirma que con el nuevo Código Penal los Juzgados de Paz prácticamente no
tendrá competencias en materia de juicios penales, al desaparecer las faltas.
El Ministro se muestra abierto a recibir ideas para dar competencias a estos
Juzgados, dado que tras la desjudicialización del Registro Civil y la
despenalización de las faltas, pierden muchas funciones que deberían ser
sustituidas por otras.
Modernización
tecnológica.- STAJ ha dejado clara su apuesta por la
modernización en cuanto pueda suponer mejora en la calidad del servicio público
y agilización de trámites, pero lo que no podemos aceptar es que se haga con
constantes fallos que lo único que provocan es más trabajo para el funcionario
y, precisamente el efecto contrario al deseado, ralentizando aún más los
expedientes. Es preciso tener en cuenta las peculiaridades de cada
jurisdicción, pues evidentemente no es lo mismo la digitalización de un sumario
que la de un procedimiento abreviado contencioso-administrativo..
Por lo demás
volvimos a recordar de forma genérica otras reclamaciones y peticiones que
venimos realizando desde STAJ,
sobre ofertas de empleo público, procedimientos de concurso-oposición de forma
equilibrada con el derecho al acceso libre en igualdad de condiciones, etc.
También hemos
recordado al Ministro la iniciativa impulsada por compañeros de Granada en el
que instaban a la instauración de un protocolo
que permita la colaboración entre Administraciones para evitar que se produzcan
situaciones de exclusión social como consecuencia de procedimientos que
terminen en desahucio.